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El intento de prohibición de entrada de menores a las plazas de toros no representa solamente una abrasadora intromisión en la esfera familiar de las familias españolas; constituye, además, una propuesta liberticida cuya puesta en práctica puede tener importantes consecuencias sobre la taquilla y la viabilidad económica y presente del sector taurino.
La última referencia estadística completa previa a la pandemia es la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España 2018-2019, elaborada por el Ministerio de Cultura. Es importante subrayar que se trata del último retrato “en condiciones normales” del consumo cultural antes del shock artificial que supuso el cierre y la interrupción de espectáculos durante 2020 y 2021. Según esa encuesta, alrededor del 8 % de la población española declaró haber asistido a algún festejo taurino en el último año, mientras que un 5,9 % lo hizo específicamente a corridas de toros, novilladas o rejones. Estos porcentajes sitúan a la tauromaquia en niveles de asistencia muy satisfactorios, si bien los registros de 2024 y 2025 son aún mayores y la venta de entradas ha alcanzado cotas que no se veían desde el pico de la burbuja.
Para la cuestión que nos ocupa, el dato verdaderamente relevante no es solo el agregado, sino la composición del público. En términos porcentuales, los segmentos más jóvenes presentan una propensión a la asistencia igual o superior a la media. Por lo tanto, no solamente no es cierto que la tauromaquia sea una actividad sostenida únicamente por públicos envejecidos, sino que, además, los jóvenes están presentes, y lo están en proporción significativa. Esto es crucial porque, desde el punto de vista económico, las nuevas generaciones que se sientan en el tendido cumplen una doble función. Por un lado, aportan ingresos al sector hoy; por otro, garantiza la demanda futura al asegurar el relevo generacional en el público y la afición.
Aquí es donde la propuesta de prohibir la entrada de menores a las plazas de toros adquiere una dimensión económica que no puede pasar inadvertida. Si tomamos en cuenta la recaudación anual en taquilla de los festejos taurinos y estimamos el golpe derivado de la prohibición, encontramos que las pérdidas para el sector podrían llegar a situarse en el entorno de los 30 millones de euros. No hay que olvidar que la presencia de menores en los toros suele ir asociada a un consumo familiar más amplio, mediante la compra de entradas múltiples y otros gastos asociados. Ello facilita, asimismo, la fidelización a medio y largo plazo del público menor de edad que acude a las plazas.
Por otro lado, una decisión así traería consigo distintas pérdidas económicas de corte indirecto e inducido, reduciendo el gasto generado por los toros en la hostelería, la restauración, los comercios y otros negocios. Si las familias lo tienen más difícil para acudir a los festejos, entonces el impacto se trasladará a todas las ramas de actividad que captan ingresos al calor de la asistencia a los toros.
Huelga decir que una medida prohibicionista como la que se ha puesto encima de la mesa no afecta solamente a los consumidores presentes, sino que erosiona la base futura del sector. Impedir el acceso temprano a una manifestación cultural implica romper el proceso natural de transmisión de preferencias, lo que a medio plazo se traduce en menos público, menos ingresos y menor viabilidad económica.
El argumento científico, por lo demás, ya ha sido ampliamente tratado. La cuestión de la asistencia de menores a los toros ha sido estudiada por profesores e investigadores de la Universidad Complutense, la Universidad de La Coruña, la Universidad Pontificia de Salamanca y la Universidad Autónoma de Madrid. Asimismo, el documento de una comisión vinculada a la ONU que ha sido empleado para empujar la prohibición ha sido desarrollado en medio de una intensa presión por parte del lobby animalista suizo Fundación Franz Weber, conocido por haber sacado adelante la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, norma que después fue revertida por el Tribunal Constitucional ante las evidentes ilegalidades que contenía. La prohibición, por tanto, no se apoya en ningún tipo de aval científico sólido.
Restringir el acceso de menores a las plazas de toros no es, por tanto, un ataque a las libertades más elementales que merece ser respondido con la máxima firmeza, sino que, además, supone un torpedo contra la línea de flotación de la tauromaquia, al tratar de restringir permanentemente la demanda potencial de espectadores futuros. Así pues, sobran los motivos para alzar la voz ante el atropello planteado por el gobierno de Pedro Sánchez y, no menos importante, los gobiernos regionales deben tomar medidas para reivindicar sus competencias autonómicas y rebelarse, siguiendo el liderazgo de la Comunidad de Madrid, que ya ha anunciado que no acatará el veto a los menores.
